VERIFICACIÓN VEHICULAR AMENAZA BUENA RELACIÓN DE BAHÍA CON JALISCO
La entrada en vigor del pase de estancia vehicular para vehículos foráneos en Jalisco, que permite 30 días de circulación cada 6 meses, ha generado preocupación en la región. Más cuando el gobernador jalisciense no ha ofrecido, ni él ni su encargado de movilidad, claridad sobre en que medida se aplicará en Puerto Vallarta – Bahía de Banderas y en que grado se comenzará a multar a los automovilistas.
Pero la medida del pase de estancia vehicular no es un capricho del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, sino una política impuesta directamente por el Gobierno de Jalisco, lo que sitúa a este destino turístico en una posición compleja y añade una nueva capa de conflicto a la ya tensa relación metropolitana.
La imposición de esta política desde Guadalajara ignora por completo la realidad socioeconómica de la Bahía de Banderas, que opera como una sola zona conurbada a pesar de la división estatal. Por eso, el que el Ayuntamiento de Bahía de Banderas haya reaccionado con firmeza y de manera justificada, al levantar la voz en defensa de sus ciudadanos, se vuelve una coyuntura de peso significativo.
Las voces de la síndico municipal Daniela Sahugun y el propio alcalde Héctor Santana, advirtiendo que el Municipio que gobiernan no se quedará de brazos cruzados sí la medida tiene repercusiones en los conductores badebadenses, es poco menos que una declaración de guerra en defensa de sus ciudadanos.
Para los miles de nayaritas que cruzan la frontera diariamente para trabajar, estudiar o comerciar, esta medida no es solo una barrera burocrática, sino un obstáculo que afecta su movilidad y su economía.
La postura del Ayuntamiento de Puerto Vallarta se vuelve entonces una pieza clave en este rompecabezas, pero desde el trienio pasado, está ha sido inexistente. Aunque están obligados a acatar el mandato estatal, se encuentran en una posición incómoda, ya que esta política daña la relación con su vecino y socio natural en la bahía.
Pero este no es un conflicto entre municipios, sino una tensión creada por una decisión vertical que no consideró la singularidad de la región. La falta de diálogo entre el Gobierno de Jalisco y los municipios de la bahía es el verdadero problema de fondo.
Este conflicto contrasta de manera drástica con los ejemplos de éxito que la región ha logrado cuando sus líderes trabajan en conjunto. La planificación para el puente Amado Nervo, por ejemplo, es un proyecto que demostró que la colaboración entre Nayarit y Jalisco puede generar beneficios mutuos.
La lección que debe extraerse de esta situación es clara: las políticas públicas con un impacto transfronterizo no pueden ser impuestas sin un diálogo previo con todos los actores involucrados. La falta de consulta y la centralización de las decisiones crean un ambiente de confrontación, donde la confianza se erosiona y los avances logrados se ven amenazados.
La solución no reside en la confrontación, sino en la exigencia de una mesa de diálogo. El Gobierno de Jalisco debe escuchar a los Ayuntamientos de Bahía de Banderas, y Puerto Vallarta, para reconocer que las decisiones unilaterales desde la capital del estado no benefician a una región tan interconectada.
