La tarifa que subió el gobierno… y la protesta de la ciudanía que la bajó
En política pública, pocas decisiones muestran con tanta claridad la relación entre gobierno y ciudadanía como el precio del transporte público. Esta semana, el Gobierno de Jalisco anunció la cancelación del aumento que llevaría la tarifa a 14 pesos, estableciendo finalmente un costo de 11 pesos por viaje a partir del 1 de abril.
La decisión fue presentada por el gobernador Pablo Lemus Navarro como un ejercicio de escucha y diálogo con la ciudadanía. Sin embargo, el trasfondo político es evidente. El aumento a 14 pesos no solo generó inconformidad social, también amenazaba con convertirse en un problema de legitimidad para una administración que apenas va en los primeros años su sexenio.
En ese contexto, la corrección de la medida parece menos una concesión espontánea y más una recalibración política. El mensaje del gobierno es que el aumento se detiene y, según el propio mandatario, no habrá más ajustes tarifarios durante todo el sexenio.
La decisión mantiene también los esquemas de apoyo existentes. Las y los estudiantes continuarán pagando 5 pesos por viaje, acreditando su condición mediante CURP y kardex académico, mientras que se preserva el transporte gratuito para personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres jefas de familia y familiares de personas desaparecidas.
En paralelo, el gobierno estatal busca fortalecer la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, presentada como una herramienta para concentrar apoyos sociales que van desde programas gubernamentales hasta servicios financieros y acceso a sistemas de movilidad como Mi Bici.
Pero más allá del anuncio, la discusión de fondo permanece abierta. El transporte público en Jalisco enfrenta desafíos estructurales que no se resuelven únicamente con ajustes tarifarios. Calidad del servicio, tiempos de traslado, cobertura, seguridad y renovación del sistema siguen siendo parte de la ecuación.
La cancelación del aumento a 14 pesos envía una señal política relevante, el gobierno está dispuesto a corregir decisiones cuando el costo social es demasiado alto. La verdadera prueba, sin embargo, no estará en el precio del pasaje, sino en la capacidad de transformar el sistema de transporte en un servicio realmente digno, eficiente y accesible para millones de usuarios que dependen de él todos los días.
